Si en el post anterior hablaba de las oportunidades perdidas en los nuevos ensanches urbanos, en este hablaré de algo más puntual que se desarrolla en los mismos: los concursos de arquitectura.
Existen varios tipos de concursos, entre los cuales el que más soluciones e innovaciones puede aportar, desde mi punto de vista, es el concurso abierto, en el cual una institución, pública o privada, expone unas necesidades y pide soluciones a cualquier arquitecto. Lo más interesante de este asunto es que, además de resolver esas necesidades expuestas por el promotor del concurso, durante el proceso creativo los diferentes arquitectos llegan a dar respuesta a un número mayor de dudas, desarrollando nuevas estrategias para resolverlas.
Entiendo que una entidad privada haga concursos restringidos, pero lo que me parece inadmisible es que un ente público los realice o ponga unos mínimos para poder presentarse (que lo convierte de facto en restringido), unos mínimos amparados por la Ley de Contratos del Sector Público, que impide que los jóvenes arquitectos opten siquiera a inscribirse a un sin número de concursos públicos, violando un principio tan básico como la igualdad ante la ley.
De esta forma vil se veta a los arquitectos jóvenes y se mantiene a los grandes estudios que son los que pueden presentar credenciales de trabajos realizados y solvencia económica, que para nada influye en el desarrollo de una obra, si no es en todo caso para mejor. Así pues, la arquitectura pública no puede guiar, ni siquiera avanzar de la mano de la sociedad, si no que se queda atrás, despreciando a la Libre Competencia en un proceso que impide el desarrollo de nueva ideas, la necesaria revisión de modelos y tipologías anticuados y el intento de mejorar la sociedad a través de la Arquitectura.
Excepciones las hay. Anualmente se publican muchos concursos abiertos en todo el ámbito nacional sin más restricciones que el título de arquitecto y la facultad de obrar, pero esto que es la excepción, debería ser la norma.
Entiendo que una entidad privada haga concursos restringidos, pero lo que me parece inadmisible es que un ente público los realice o ponga unos mínimos para poder presentarse (que lo convierte de facto en restringido), unos mínimos amparados por la Ley de Contratos del Sector Público, que impide que los jóvenes arquitectos opten siquiera a inscribirse a un sin número de concursos públicos, violando un principio tan básico como la igualdad ante la ley.
De esta forma vil se veta a los arquitectos jóvenes y se mantiene a los grandes estudios que son los que pueden presentar credenciales de trabajos realizados y solvencia económica, que para nada influye en el desarrollo de una obra, si no es en todo caso para mejor. Así pues, la arquitectura pública no puede guiar, ni siquiera avanzar de la mano de la sociedad, si no que se queda atrás, despreciando a la Libre Competencia en un proceso que impide el desarrollo de nueva ideas, la necesaria revisión de modelos y tipologías anticuados y el intento de mejorar la sociedad a través de la Arquitectura.
Excepciones las hay. Anualmente se publican muchos concursos abiertos en todo el ámbito nacional sin más restricciones que el título de arquitecto y la facultad de obrar, pero esto que es la excepción, debería ser la norma.
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