Hace poco en un grupo de Linkedin, discutíamos sobre una noticia que apareció en una web británica relacionado con la eficiencia energética llamada Clarkslegal. En dicha web se comentaba la "Energy Act 2011", con la que el gobierno de aquel país pretende convertir en ilegal el alquiler de una vivienda o local comercial que tenga una clasificación por debajo de E. Es decir, que aquellas propiedades que tengan clasificaciones de F y G y quieran ser alquiladas, necesitarán una reforma para mejorar su eficiencia energética.
Una vez más, la Administración convierte una ley importante, destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, detectando los puntos críticos de una construcción y calculando el ahorro energético que conllevaría su mejora, en una oportunidad para sacar dinero al contribuyente. Cierto que el Reino Unido no es España, pero una ocasión tan jugosa para exprimir más al ciudadano, difícilmente la dejarán escapar, de hecho, ya están abonando el camino.
El céntimo verde en las gasolineras, un impuesto que debería ser absolutamente ilegal, es uno de los más flagrantes, pero hay otros más. En Madrid, por ejemplo, el antiguo servicio de estacionamiento regulado, S.E.R., ha derivado en un impuesto pseudo-ecológico sobre el grado de contaminación de los vehículos, grabando más al coche que más contamina (un burda movimiento para "animar" a los madrileños a cambiar de coche) y de paso subiendo las tarifas. No contentos con esto, ahora se plantea la posibilidad de cerrar el centro de Madrid al tráfico, en un alarde de ecologismo y movilidad urbana, que esconde un descarado intento de lucro derivado de la casi obligación del uso de los aparcamientos municipales y transporte público.
Pero volviendo a la eficiencia energética, desde el año 2012 el Ayuntamiento de Madrid exige que los impresos de las ITEs (Inspección Técnica de los Edificios) se rellene una "Ficha de comportamiento térmico del edificio", desvinculada del resultado de la inspección técnica, donde se describe el comportamiento térmico de la envolvente del edificio y su comparación con lso valores que exige el Código Técnico de la Edificación (CTE). Volviendo a la noticia de la que hablaba en el primer párrafo, ¿cuanto tardará el endeudadísimo Ayuntamiento de Madrid en obligar a los propietarios de los inmuebles que no alcancen un grado de transmitancia térmica adecuado en obligarles a hacer obras de mejora? Poco, me temo.
Es verdad, que las obras de mejora en el aislamiento y sistemas de climatización de los edificios se rentabilizan en un plazo de diez años, que ayudan a proteger el medioambiente y a reducir la dependencia energética de un país importador de energía, pero el problema, a mi modo de ver, es que una vez más la Administración Pública se inmiscuya en la vida privada de los ciudadanos con una futura ley grabe con mayores impuestos a ciertos edificios, con la excusa de la eficiencia energética, obligando a sus propietarios a realizar unas obras caras. Teniendo en cuenta, además, que estas obras afectarían a personas con pocos recursos.
Habrá que estar atentos e ir ahorrando.
Una vez más, la Administración convierte una ley importante, destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, detectando los puntos críticos de una construcción y calculando el ahorro energético que conllevaría su mejora, en una oportunidad para sacar dinero al contribuyente. Cierto que el Reino Unido no es España, pero una ocasión tan jugosa para exprimir más al ciudadano, difícilmente la dejarán escapar, de hecho, ya están abonando el camino.
El céntimo verde en las gasolineras, un impuesto que debería ser absolutamente ilegal, es uno de los más flagrantes, pero hay otros más. En Madrid, por ejemplo, el antiguo servicio de estacionamiento regulado, S.E.R., ha derivado en un impuesto pseudo-ecológico sobre el grado de contaminación de los vehículos, grabando más al coche que más contamina (un burda movimiento para "animar" a los madrileños a cambiar de coche) y de paso subiendo las tarifas. No contentos con esto, ahora se plantea la posibilidad de cerrar el centro de Madrid al tráfico, en un alarde de ecologismo y movilidad urbana, que esconde un descarado intento de lucro derivado de la casi obligación del uso de los aparcamientos municipales y transporte público.
Pero volviendo a la eficiencia energética, desde el año 2012 el Ayuntamiento de Madrid exige que los impresos de las ITEs (Inspección Técnica de los Edificios) se rellene una "Ficha de comportamiento térmico del edificio", desvinculada del resultado de la inspección técnica, donde se describe el comportamiento térmico de la envolvente del edificio y su comparación con lso valores que exige el Código Técnico de la Edificación (CTE). Volviendo a la noticia de la que hablaba en el primer párrafo, ¿cuanto tardará el endeudadísimo Ayuntamiento de Madrid en obligar a los propietarios de los inmuebles que no alcancen un grado de transmitancia térmica adecuado en obligarles a hacer obras de mejora? Poco, me temo.
Es verdad, que las obras de mejora en el aislamiento y sistemas de climatización de los edificios se rentabilizan en un plazo de diez años, que ayudan a proteger el medioambiente y a reducir la dependencia energética de un país importador de energía, pero el problema, a mi modo de ver, es que una vez más la Administración Pública se inmiscuya en la vida privada de los ciudadanos con una futura ley grabe con mayores impuestos a ciertos edificios, con la excusa de la eficiencia energética, obligando a sus propietarios a realizar unas obras caras. Teniendo en cuenta, además, que estas obras afectarían a personas con pocos recursos.
Habrá que estar atentos e ir ahorrando.
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