Alcaldes, liberalicen las licencias urbanísticas.

Cualquiera que haya querido abrir un negocio en Madrid, o en otra ciudad de España, hablo de Madrid porque es donde desarrollo la mayor parte de mi actividad profesional, sabe del infierno administrativo-burocrático al que se enfrenta, teniendo que lidiar con un sin número de Administraciones y entes locales para conseguirlo.

Dejando a un lado el tiempo y los trámites necesarios para poder abrir una empresa, quiero centrarme en la parte más física de la misma, la relacionada con las licencias de obras y de funcionamiento, que son las que, una vez conseguido el deseado NIF de tu nueva empresa, se necesitan para abrir el despacho, tienda... negocio, en definitiva, donde desarrollarás tu actividad profesional. 

Hace años la brutal burocracia a la que estamos sometidos los ciudadanos obligaba a tener locales cerrados durante meses hasta conseguir la ansiada licencia de obras, con el quebranto que suponía el no poder abrir el negocio y que en muchos casos obligaba al propietario a tener que abrir teniendo únicamente en su poder el haber presentado en el Ayuntamiento los trámites necesarios, pero sin tener la correspondiente licencia, con el riesgo que ello supone. 

No obstante, ante el terrible problema que esto presentaba, el Ayuntamiento cedió parte de sus competencias a entidades privadas, en aras de facilitar y acortar este tedioso proceso, naciendo así la Ordenanza de Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid, en el año 2014. La Administración pública permitía el acceso a la iniciativa privada a una de sus atribuciones más importantes, la de tramitación de licencias urbanísticas, externalizando la comprobación de la documentación presentada por el ciudadano y acortando el proceso de concesión de licencias.

Cinco años después, podemos comprobar el buen funcionamiento de estas empresas, denominadas ECU, acrónimo de Entidad Colaboradora Urbanística, que son entidades privadas habilitadas para colaborar en la realización de actuaciones de verificación, inspección y control de cumplimiento de la normativa en el ámbito urbanístico. Es decir, facilitan el trabajo del funcionario, y acortan sensiblemente el tiempo de espera en la concesión de la licencia.

Ahora bien, ¿por qué algo que está funcionando correctamente para conseguir licencias urbanísticas en locales comerciales, que es bueno para el ciudadano, porque agiliza los trámites y para el funcionario, que tiene una ayuda en su trabajo, no se aplica en las licencias relacionadas con viviendas?

En noviembre de 2018 firmé el Certificado de Final de Obra, que como su nombre indica, es documento que certifica que una obra está terminada, de un edificio de 22 viviendas en Madrid. Pues bien, al presentar la documentación en el Ayuntamiento, éste me indicó que los cambios producidos durante las obras habían alterado el proyecto de tal forma que tenía que modificar la licencia. Este cambio llevó al Ayuntamiento 14 meses. 

14 meses que el edificio terminado estaba esperando una resolución por parte del Ayuntamiento, para que aprobara unos cambios que no afectaban a la seguridad del mismo, puesto que las obras contaron con una Dirección Facultativa (Arquitecto y Aparejador), además del necesario Organismo de Control Técnico (OCT), un gol que nos metió a los Arquitectos la Administración pública y que pasa por tener que contratar una empresa que controle las obras, pero que al final consiste en que un arquitecto con una experiencia escasa se pase por la obra unas cuantas veces a recoger información y le cobren una pasta al promotor...

En la multitud de visitas realizadas al Ayuntamiento durante el año que duró el peregrinaje burocrático, para interesarme por el expediente, no paraba de escuchar de boca del técnico municipal que no tenía tiempo, que se le acumulaba el trabajo y que cuando pudiera, revisaría la documentación. 14 meses en los que el edificio estaba vacío, sin que los propietarios pudieran vender o alquilar las 22 viviendas para tratar de recuperar su inversión, con el miedo a que entraran en el edificio y ocuparan sus viviendas, por lo que tuvieron que recurrir a contratar una empresa de seguridad... Más gastos.

Lo que me lleva a la pregunta siguiente: ¿cuando el Ayuntamiento permitirá que las ECU revisen las licencias en proyectos de viviendas? Si no tiene gente suficiente para atender a las demandas de los ciudadanos, el ayuntamiento debería poder abrir la mano a la empresa privada, que ya tiene experiencia en la gestión de licencias. Es una vergüenza que tengamos que tener paralizadas las obras más de un año para conseguir una licencia de obras, cuando existe la posibilidad de acortar ese proceso. En lugar de sobrecargar a los funcionarios municipales de trabajo, ralentizando hasta la exasperación y la quiebra a los ciudadanos, el Ayuntamiento debería aceptar que no tiene la capacidad suficiente  para asumir las funciones y pensar en delegar partes de las mismas en aras de un mejor servicio a los ciudadanos, que es para lo que está ahí la Administración pública, para servir al ciudadano, para facilitarle la vida.

El problema radica precisamente en la concepción del trabajo público; el funcionario está trabajando para el ciudadano y la sobrecarga sin sentido de trabajo a la que están sometidos los empleados municipales de urbanismo no hace sino empeorar la calidad de este servicio público, que al final paga el ciudadano.

Por último, incorporar a la empresa privada en la concesión de licencias para viviendas redunda en el beneficio del ciudadano que tiene la opción de buscar otra empresa que trabaje mejor y más eficazmente si entiende que la empresa con la que ha solicitado la licencia no ha trabajado bien. Recordemos que los precios son tasados, por lo que para ganar clientes, estas ECUs deben competir en calidad de servicio, cosa impensable en un Ayuntamiento, cuyo monopolio permite que algunos técnicos se endiosen y lejos de tratar de ayudar al ciudadano se permiten dar clases de conocimientos técnicos y hasta de ética, sabiendo que la concesión de tu licencia pasa exclusivamente por ellos.

En definitiva: liberalizar las licencias mejora la calidad y agiliza el servicio, así pues, señora alcaldesa de Madrid, liberalice las licencias urbanística, por favor.